lunes, 5 de junio de 2017

EL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL NECESITA URGENTES CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES

 POR PEDRO CANO 

Santo Domingo, 3 de junio 2017.- En el análisis de coyuntura celebrado este sábado en el Centro Bonó, bajo el título “Las reformas del Sector Salud y de la Seguridad Social”, se abordó la necesidad de exigir reformas en la ley 87-01 que reconozcan la salud y la seguridad social como un derecho fundamental y público y no como una oportunidad para hacer negocios de lucro desmedido por parte de unos pocos. Según se afirmó por parte de los ponentes en el acto, “la presencia de fuertes intereses corporativos de naturaleza privada junto a la debilidad regulatoria del estado en el mercado de la salud y la ausencia de un movimiento ciudadano articulado que defienda los derechos de la población han llevado a un estado de inflexión que demanda cambios y transformaciones”.


La existencia en el país de una población carente de cobertura de protección social genera pobreza e inseguridad y ensancha las inequidades sociales. Actualmente un 30% de la población dominicana está excluida de la seguridad social en salud, siendo los trabajadores informales los más afectados. Igualmente las estadísticas indican que en el futuro el 52% de los actuales cotizantes, cuando lleguen a la edad de 60 años no alcanzarán las 360 cotizaciones que el sistema requiere para otorgarles una pensión. En afirmaciones realizadas por parte de las organizaciones integradas en la Alianza por el derecho a la Salud que estuvieron presentes en el análisis de coyuntura, comentaban que urge asegurar que la normativa de la seguridad social este acorde con las garantías prescritas en la Constitución Dominicana con relación al derecho a la salud y a la seguridad social que corresponde a todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas.
 
Por este motivo, en palabras del vocero del Centro Bonó, se insistió en la idea de que al Estado dominicano le corresponde la misión de garantizar un escenario político y social que viabilice las reformas necesarias para la protección social de todos sus ciudadanos y ciudadanas, ya que la protección social es determinante en las estrategias de inclusión y el desarrollo humano de un país. Para conseguir este objetivo es necesaria una reforma de la ley 87-01 que permita crear mejores condiciones para ampliar la cobertura de afiliación, sobre todo a la población más vulnerable, y al mismo tiempo corregir las fallas institucionales que arrastra un modelo de la década de los noventa que se ha quedado obsoleto y a todas luces es insuficiente.


 
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