lunes, 2 de junio de 2014

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PIDEN EL CESE DE LOS DESALOJOS EN EL ANTIGUO BOCA DE CACHÓN.

POR PEDRO CANO

Jimaní, prov. Independencia, 02 de Junio de 2014.- En el nuevo Boca de Cachón se han construido 560 viviendas para realojar las 404 casas existentes con anterioridad, pero muchas familias todavía hoy están luchando por tener un techo donde cobijarse.





La vivienda es uno de los instrumentos antropológicos que representan, en sí mismos, una dimensión humana para la vida de las personas. Tiene que ver con identidad, arraigo, cohesión social y desarrollo. Todos requerimos un lugar donde vivir, un espacio donde desarrollarnos en familia, que brinde abrigo, seguridad, que sea saludable, por ello la vivienda se afirma como una necesidad humana fundamental, al igual que la alimentación y el vestido. Carecer de ella, representa para el ser humano ser privado del derecho a vivir con dignidad. Por eso es un derecho humano reconocido por múltiples instrumentos jurídicos internacionales tales como el art. 25 de la Declaración Universal de los derechos humanos.
Desde hace unos meses en Boca de Cachón estamos asistiendo al traslado de todo un poblado de una zona insegura,  afectada por las inundaciones del lago Enriquillo, a una zona segura. El gobierno ha gastado unos 22 millones de dólares para construir 560 viviendas donde alojar a los moradores de las 404 casas que disponía la antigua comunidad. Tras más de un mes y medio de traslado, todavía hoy quedan en el antiguo Boca de Cachón unas 60 viviendas que se resisten al traslado por no considerar justos los criterios para la elaboración del censo de traslado, además de decenas de familias vulnerables que no han tenido más remedio que trasladarse a otra comunidad.

En esta situación podemos encontrar a Domingo Perez, dominicano, de 60 años de edad, que tras enviudar se encontró que su casa salió a nombre de una hija de su mujer, fruto de un matrimonio anterior de ella, que vive en Estados Unidos. Ahora el se encuentra desamparado y teniendo que vivir hacinado en la casa de un hermano que lo ha acogido.

Otro caso particular es el de Angelín Florian Novas y Flavia Silverio Ramirez, dominicanos, que tienen una niña de mes y medio y se encuentran que tras aparecer su casa censada en el año 2012 ahora están esperando a ver si las autoridades deciden reubicarlos en el nuevo Boca de Cachón. Mientras tanto se encuentran como otros moradores viviendo entre escombros y respirando el olor de las letrinas derruidas por las brigadas de demolición.

Mención aparte merecen las familias migrantes de la comunidad que están asistiendo incrédulas a ver como después de más de 30 años como moradores del poblado ninguna de estas familias ha sido trasladada al nuevo proyecto ni siquiera en régimen de alquiler, aún a pesar de que la mayoría de estas familias trabajan para familias dominicanas en empleos domésticos y en las tierras agrícolas.

La actual situación para muchas familias es de desolación y desesperación ya que se encuentran sin saber hacia dónde ir, viendo como los servicios públicos básicos de luz, agua, sanidad, etc. han sido cortados en la antigua comunidad para obligar al traslado o para intentar forzarlos a que abandonen su actual vivienda. Es por este motivo que varias organizaciones de la sociedad civil se han posicionado para, en virtud del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del art. 51 de la constitución dominicana de 2010, recordar al estado dominicano que tiene el deber de hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados en el antiguo Boca de Cachón y debe velar para que se produzca un realojo digno y adecuado para todas las familias.


 
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