DEL DIARIO LIBRE
SANTO
DOMINGO. La Comisión de Seguridad y Defensa del Senado inició ayer la
investigación al cumplimiento de seguridad, inversión y al contrato de
concesión por parte de Cementos Andino, por supuestos conflictos en el puerto
de Cabo Rojo.
En una
resolución se explica que "las organizaciones criminales transnacionales
explotan el espacio desértico del Suroeste", y que Cementos Andinos está
obligada por la concesión a cooperar con los organismos del Estado, como la
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Cuerpo Especializado de
Seguridad Portuaria (CESEP) y el Departamento Nacional de Investigación (DNI),
pero que tanto la DEA como la DNCD han señalado que el tráfico por vía marítima
ha aumentado.
Con la
presencia de los senadores Adriano Sánchez Roa, presidente en funciones; Carlos
Castillo, proponente, Eddy Mateo Vásquez, Sonia Mareo, Arístides Victoria,
Manuel Paula y Julio César Valentín, así como el diputado Víctor Gómez
Casanovas, el Senado requirió un informe por parte de Cementos Andinos de la
garantía del buen uso del puerto Cabo Rojo.
Por su
parte, Cementos Andinos explicó que ha cumplido con sus compromisos, habiendo
invertido a la fecha unos US$18 millones en el mantenimiento del puerto Cabo
Rojo, y que han colaborado en el control de drogas, armas y otros.
Dijeron
que supervisan bajo agua al momento de llegada y salida a todos los barcos que
llegan al puerto, a través de la empresa LMG.
La
empresa que administra a Cabo Rojo reveló que muchas cargas se están haciendo
fuera del puerto, ilegalmente y con muchos riesgos, hecho por el que acusan a
la empresa DOVENCO, la que supuestamente perjudica al medio ambiente, y que por
el uso del puerto le deben US$2,354,000. Cementos Andinos dijo que fue sacada
del puerto, por la empresa DOVENCO, supuestamente dirigida por un asesor de la
Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).
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