POR PEDRO CANO
La
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) recomendó que se instituyera en
todos los países un Día Mundial de la Infancia para celebrar la fraternidad
entre todos los niños y niñas y promover su bienestar. Sin embargo, ayer siendo
las 3 p.m, y como antesala de la celebración del día universal de la infancia y
los derechos de los niños y niñas, la Dirección General de Migración realizó la
repatriación de 17 hombres, 9 mujeres y una menor.
En
República Dominicana la convención de los derechos del niño entro en vigor el
11 de julio de 1991, reafirmando la necesidad de dar cuidado y asistencia
especial a los niños y niñas, en razón de su vulnerabilidad. En general, podemos
decir que en estos 22 años desde la Ratificación de la Convención sobre los
Derechos de la Niñez, el país ha avanzado en lo que respecta a contar con una
legislación nacional para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños,
Niñas y Adolescentes, estableciendo el compromiso del Estado en garantizar
la protección de los Derechos Fundamentales de Supervivencia, Desarrollo,
Participación y Protección Especial de los niños y niñas a través
del establecimiento de un Sistema Nacional de Protección. Este sistema de
protección, según las imágenes que pudieron captar los monitores de la Red
Fronteriza Jano Sikse de Elías Piña, choca frontalmente con la política del
actual Director General de Migración, José Ricardo Taveras, que no cumple con
la normativa nacional vigente y con los convenios internacionales legítimamente
firmados por nuestro país cuando esos niños son de nacionalidad haitiana.
Ayer fuimos testigos, una vez
más, de la violación de los derechos de una niña que fue detenida en Santo
Domingo, retenida en Haina, transportada en un vehículo sin condiciones de
seguridad hacia Comendador y abandonada junto a su madre tras la línea que divide
ambos países. En este caso, como en el total de los casos de los
migrantes expulsados, ninguno tuvo la oportunidad de impugnar o apelar las órdenes
de deportación, aunque el derecho a un debido proceso está consagrado en el
art. 69 de la Constitución de 2011.
En
respuesta a la implementación de deportaciones colectivas, donde se expulsa
indiscriminadamente a mujeres, niños y hombres, y a la ausencia de garantías de
acceso a un debido proceso, desde la Red Fronteriza Jano Sikse seguimos
insistiendo en la obligatoriedad por parte de la Dirección General de Migración
de cumplir con el art. 22.9 de la
Convención Americana, el cual prohíbe de manera específica los procesos de
expulsiones colectivas, estableciendo procedimientos para garantizar el acceso
a un debido proceso en el caso de las expulsiones individualizadas. Así mismo
pedimos al gobierno del presidente Danilo Medina que cumpla con la función
esencial de un estado de derecho y se garantice la protección efectiva de los
derechos de las personas, en especial de los niños, niñas y adolescentes, y el
respeto de su dignidad.
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